COVID-19

Amortiguar los efectos adversos del shock COVID-19 en los pobres

Fotografía de Asif HASSAN | AFP

17/04/2020

CAMBRIDGE – Cuando el gobierno de la India anunció, con cuatro horas de antelación, un confinamiento a nivel nacional de tres semanas de duración para frenar la propagación del coronavirus, millones de los ciudadanos más pobres del país se vieron frente al riesgo de sufrir hambre e indigencia. Muchos trabajadores migrantes, repentinamente desempleados, caminaron cientos de kilómetros desde las ciudades hacia sus pueblos natales. En dichos pueblos, de igual manera, el confinamiento por el COVID-19 puede llegar a ser catastrófico: los hogares pobres no pueden sobrevivir mucho tiempo – a menudo no más de unos pocos días – sin percibir un ingreso.

Estos desafíos están presentes en todo el mundo. Sin embargo, los gobiernos de los países desarrollados han estado utilizando su capacidad de endeudamiento para implementar masivos paquetes de alivio destinados a apoyar a las empresas, a los pobres y a las familias de clase media y clase trabajadora que están en riesgo de verse empujadas a la pobreza a causa de despidos y cierres de negocios.

Los gobiernos de los países en desarrollo deben encontrar maneras de hacer lo mismo. La ampliación de la protección social con el fin de rápidamente extender apoyo a las personas vulnerables debe ser un pilar de la estrategia COVID-19 de cada país. Con el objetivo de lograr esto, los gobiernos con recursos limitados deben estudiar las experiencias pasadas y las investigaciones existentes para diseñar los programas más eficaces y eficientes posibles.

El desarrollo e implementación de nuevos programas de protección social lleva tiempo, por lo que los gobiernos deben aprovechar los programas y plataformas existentes con el objetivo de garantizar que todas las personas tengan suficientes recursos para satisfacer sus necesidades básicas. No existe un enfoque único para todos; cada país debe evaluar los mecanismos que ya tiene establecidos, y luego debe decidir cómo expandirlos o, de alguna otra manera, reformarlos.

Sin embargo, existen algunas pautas generales que pueden ayudar. Los países con programas de transferencia de dinero en efectivo deben ampliar inmediatamente la elegibilidad y aumentar los beneficios. Dada la magnitud del shock económico, deben pasar a segundo plano las preocupaciones relativas a que hogares más ricos puedan recibir beneficios que no necesitan, esto debido a que es imperativo garantizar que las personas vulnerables, incluidos entre ellos los trabajadores informales y los hogares de clase media, que normalmente no calificarían para programas de bienestar, estén cubiertos. Nuestra investigación sugiere que las solicitudes disponibles a pedido – mismas que requieren que los desempleados que desean obtener beneficios completen sólo unos pocos pasos, ya sea en línea o por teléfono – ayudarían a que los gobiernos puedan extender su apoyo a una mayor cantidad de personas necesitadas. Más adelante, se podría llevar a cabo alguna verificación adicional.

Además, las transferencias de dinero en efectivo deben dirigirse a las zonas más afectadas, como por ejemplo las grandes ciudades, donde la alta densidad poblacional acelera el contagio y se concentra la mayor parte de las órdenes de confinamiento. Sin transferencias de efectivo para suavizar el golpe, los pobres que viven en áreas urbanas migrarán, como lo han hecho en la India, lo que posiblemente propagará el virus a otras ciudades y zonas rurales (donde la capacidad de atención sanitaria, que ya es limitada, se verá rápidamente desbordada).

En la medida de lo posible, los beneficios deben distribuirse a través de plataformas digitales, evitando de esta manera el contacto físico entre personas. En ausencia de tales plataformas, los gobiernos deben ser creativos, y deben utilizar cualquier punto de contacto que esté disponible. Por ejemplo, el efectivo podría distribuirse a través de los gobiernos locales o las redes que usan entregas a domicilio, o se podría escalonar las fechas y horas asignadas para el cobro del dinero en efectivo en función de los números de carnets de identificación nacionales de los beneficiarios. En Indonesia, donde trabajamos los autores del presente artículo, muchos trabajadores informales y de clase media tienen cuentas de pensiones; las transferencias podrían depositarse en dichas cuentas, y se podría suavizar el régimen de restricciones relativo al retiro anticipado de fondos.

No obstante, puede que por sí solas las transferencias de efectivo sean insuficientes para proteger a los pobres de la indigencia y el hambre, en caso de que dejen de funcionar las cadenas de suministro de alimentos. Asimismo, los gobiernos deben vigilar los precios y la disponibilidad de alimentos, y pueden manejar la escasez localizada mediante la expansión de  programas de distribución de alimentos específicos, la liberación de existencias de alimentos cuando ello sea necesario, y la coordinación de la distribución con empresas privadas.

Además, los gobiernos podrían aumentar los subsidios que incentivan a inscribirse en los seguros públicos de salud existentes (aunque esto sea sólo temporalmente). Ello aliviaría a los hogares y a las empresas de la carga que significa el pago de primas de atención médica y reduciría el riesgo de abrumar a las familias con costos médicos en caso de una crisis de salud.

En épocas de bonanza, la demanda de seguros médicos en los países en desarrollo es baja, y muchos se inscriben en algún seguro médico sólo cuando ya están enfermos. Pero, no se trata simplemente de una cuestión de pensamiento a corto plazo: los engorrosos o defectuosos sistemas de inscripción, los servicios de baja calidad y la falta de experiencia en materia de seguros pueden disuadir la inscripción de las personas.

Los subsidios temporales, junto con procedimientos de inscripción simplificados, pueden ayudar a superar estos obstáculos, lo que conduce a una cobertura de seguro de salud más amplia, incluso después de que se quiten dichos subsidios. Esto es lo que sucedió en Indonesia cuando se puso a prueba este esquema antes de que sobrevenga la crisis actual: la oferta de subsidios temporales a los trabajadores informales para que participen del seguro de salud público aumentó en ocho veces la cantidad de personas cubiertas, sin elevar los costos unitarios, y muchas personas retuvieron la cobertura más allá del período de subsidio.

Una respuesta eficaz frente al COVID-19 también debe incluir vías de salvamento para las pequeñas empresas. Se estima que, a nivel mundial, las pequeñas y medianas empresas formales conforman el 90% de todas las empresas y dan cuenta del 50% del empleo. Sin embargo, debido a que tales empresas con frecuencia carecen de reservas de dinero en efectivo y enfrentan graves restricciones crediticias, pueden no sobrevivir a los cierres temporales, en caso de no recibir apoyo.

Con respecto a las empresas formales, los gobiernos deberían considerar la posibilidad de conceder vacaciones y aplazamientos de pagos de impuestos para los sectores más afectados. Las empresas informales, que dan cuenta de una cantidad  mayor e innumerable de puestos de trabajo en los países en desarrollo, podrían coordinar con bancos e instituciones financieras multilaterales la expansión de sus líneas de crédito, y podrían aplazar o suspender los pagos de sus deudas.

Algunos sostienen que la asistencia pública y los subsidios desincentivan a las personas respecto al trabajo. Sin embargo, nuestra investigación muestra que, incluso en circunstancias normales, los beneficiarios no trabajan menos ni invierten de manera diferente. Durante este período extraordinario de distanciamiento social y confinamientos, discutir sobre incentivos laborales tiene aún menos sentido. Los gobiernos están obligando a que las personas salgan de la economía, por lo que corresponde que los gobiernos ayuden a que dichas personas sobrevivan.

Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos

Rema N. Hanna, Professor of South-East Asia Studies at the Harvard Kennedy School, is Faculty Director of Harvard’s Evidence for Policy Design and Scientific Director of J-PAL Southeast Asia.

Benjamin A. Olken, Professor of Economics at MIT, is Director of MIT’s Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab and Scientific Director of J-PAL Southeast Asia.

Copyright: Project Syndicate, 2020.
www.project-syndicate.org

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