WASHINGTON, DC – Tras meses de restarle gravedad a la COVID‑19, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se la contagió. La levedad de los síntomas hasta ahora le ha permitido continuar con las entrevistas y apariciones en público, sobre todo para proyectar imagen de fortaleza. Pero el avance descontrolado de la epidemia y el derrumbe de la economía están provocando un veloz deterioro de esa imagen, y los pedidos de juicio político son cada vez más fuertes. Lo que está en juego no es solamente la presidencia de Bolsonaro, sino también las vidas y oportunidades económicas de millones de brasileños, ahora y en el futuro.

Al 13 de julio, Brasil tenía registrados más de 1,8 millones de casos de COVID‑19 y 72 000 muertes. Aunque Estados Unidos conserva el récord de contagios diarios (y casi no pasa un día sin que establezca uno nuevo), muchos creen que Brasil está publicando cifras bastante inferiores a la realidad. En cualquier caso, la cifra diaria de muertos no para de crecer, y la tasa de mortalidad juvenil es bastante más alta que entre países desarrollados comparables con Brasil. Los expertos calculan que 34 millones de brasileños se contagiarán el virus.

Hace poco, Bolsonaro ironizó con que «la muerte es el destino de todos». Pero eso no quiere decir que no se la pueda demorar. En las últimas décadas, Brasil logró hacer frente a la malaria, el zika, el VIH y la gripe porcina (H1N1), gracias a la eficaz cooperación del gobierno y el sistema sanitario brasileños con la Organización Mundial de la Salud.

Bolsonaro, en cambio, desestimó el riesgo de la COVID‑19, despidió a dos ministros de salud cualificados que discreparon con él y anunció que considera retirar a Brasil de la OMS después de la pandemia. Cuando los gobiernos de los estados impusieron normas de aislamiento propias (que según las encuestas tienen amplio apoyo popular), las criticó y llegó incluso a sabotearlas.

En tanto, la situación económica de Brasil también es preocupante. Bolsonaro ganó la elección de 2018 con la promesa de sacar al país de la peor recesión económica de su historia y enfrentar la delincuencia y la corrupción generalizadas. Pero en vez de eso, la mayor economía de América Latina está otra vez en la cuerda floja. El Fondo Monetario Internacional calcula que este año, la economía de Brasil se contraerá un 5,3%, mientras que una encuesta del banco central a economistas predice un 7%.

Los inversores están en desbandada. En otros tiempos, a cambio de la turbulenta política brasileña recibían tasas más altas, pero en lo que va del año el banco central las recortó varias veces, y la fuga de capitales está llegando a niveles inéditos, con flujos de salida (locales e internacionales) por varios miles de millones de dólares. El real es la moneda que muestra el peor desempeño mundial en 2020.

Todo esto dificulta las muy necesarias reformas, que incluyen la reducción del inmenso déficit fiscal brasileño. Un paquete de 233 000 millones de dólares para la provisión de ayudas de emergencia anuló todo el ahorro esperado durante la próxima década por la reforma previsional del año pasado. Se prevé que la deuda pública llegue al 90% del PIB este año. ¿Puede Paulo Guedes (el ministro brasileño de finanzas, un defensor de la prudencia fiscal que este año quiso privatizar un montón de empresas estatales) seguir en el gobierno si el gasto público a gran escala frustra sus planes de reforma?

Bolsonaro tampoco cumplió su promesa de enfrentar la corrupción. Por el contrario, en abril despidió al jefe de la policía federal en Río de Janeiro. La jugada (un evidente intento de obstaculizar investigaciones que implican a familiares de Bolsonaro) motivó la renuncia del ministro de justicia Sergio Moro, que encabezó la mayor campaña anticorrupción de la historia de Brasil.

Muchos de los adversarios políticos de Bolsonaro piden el juicio político, pero es muy posible que el presidente llegue al final de su mandato en 2022. Para un proceso de destitución se necesita el apoyo del Tribunal Supremo Federal y de dos tercios de la cámara baja del Congreso, y por el momento faltan los votos requeridos en el Senado. Aunque el índice de aprobación de Bolsonaro (33%) parezca poco, la mayor parte de su base de seguidores le sigue siendo fiel. Cuando en 2016 se le inició juicio político a la expresidenta Dilma Rousseff, su índice de aprobación había caído por debajo del 10%.

También contribuye el hecho de que la oposición está dividida. Aunque los incumplimientos del presidente generan apoyo para los partidos y candidatos de la oposición, un juicio político puede iniciar el camino hacia algo peor. Los brasileños siguen muy decepcionados por las revelaciones de corrupción durante los trece años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT). Si el PT es la única alternativa, muchos votantes que apoyaron en 2018 al Partido Social Liberal de Bolsonaro volverán a hacerlo.

Pero es posible que la oposición tenga mejores chances frente a un debilitado Bolsonaro que el vicepresidente Hamilton Mourão, un general del ejército retirado cuyos índices de aprobación superan a los del presidente. Muchos analistas temen que de llegar a la presidencia, Mourão sea todavía más perjudicial que Bolsonaro para las instituciones democráticas de Brasil.

Ya hay motivos para temer que la crisis actual esté legitimando la creciente participación del ejército en el gobierno y en la economía. Oficiales militares activos y en retiro ya ocupan nueve puestos en el gabinete e incontables cargos de nivel inferior. Hay quien advierte que el ejército podría incluso intervenir para apuntalar la presidencia de Bolsonaro, o para ponerle fin.

Bolsonaro, un excapitán del ejército, parece seguro de que cualquier intervención militar será para respaldarlo. En abril incluso asistió a protestas anticuarentena de sus simpatizantes de derecha, que pidieron que los militares tomen el poder en su nombre. Hace poco, declaró que el ejército no cumplirá «órdenes absurdas» ni aceptará un juicio político.

Por ahora, las fuerzas armadas parecen divididas entre influir en la dirección del gobierno de Bolsonaro y mantener distancia. Cabe señalar que si bien hay militares en 21 puestos clave del Ministerio de Salud, el cargo con visibilidad pública de mayor jerarquía lo ocupó hasta hace poco un civil. Los detalles de la relación de Bolsonaro con el ejército todavía no están claros (el nuevo ministro de salud interino es un militar) pero la dinámica es más complicada de lo que parece.

Aun si Bolsonaro continúa hasta 2022, su agenda de reformas se verá muy limitada. Una vez más, Brasil perdió una oportunidad crucial de conseguir más crecimiento, prosperidad e influencia internacional.

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Traducción: Esteban Flamini

Peter Schechter, director fundador del Centro para América Latina del Atlantic Council, es el presentador y productor ejecutivo de Altamar, un podcast sobre asuntos internacionales.

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